El Congreso aprueba la supresión del Impuesto de Actividades Económicas

Nota: Esta es una noticia antigua, del año 2000.

 Gerardo Camps reconoce que hay margen para bajar cotizaciones sociales

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley presentada por CiU y enmendada por el PP y por el PSOE, en la que se insta al Gobierno a modificar la regulación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para eximir de su pago a los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores autónomos. El nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, aseguró ayer que existe margen en esta legislatura para reducir las cotizaciones sociales.

La proposición no de Ley de CiU, defendida por Heribert Padrol, reclamaba la supresión del IAE con efectos a partir del 1 de enero de 2001, al argumentar que se trata de una tasa que perjudica a los pequeños y medianos empresarios y a los trabajadores autónomos. CiU demandó, además, que la pérdida de recursos que esa supresión supone para las Haciendas se contrarreste con compensaciones desde el Estado.
    Esta iniciativa fue la primera que CiU presentó en el Congreso esta legislatura y tiene por objeto garantizar por parte del Gobierno el cumplimiento del compromiso electoral que el presidente del PP, José María Aznar, asumió en la pasada campaña.
    El PP, a través de su portavoz de Presupuestos, Vicente Martínez Pujalte, propuso ayer enmendar la proposición no de ley para que, en lugar de la supresión total del IAE se optara por modificar su regulación con objeto de que quedaran exentos de su pago las pequeñas y medianas empresas y el 90 por ciento de los autónomos.
En cuanto a las compensaciones económicas para las Corporaciones Locales, propone garantizar que no haya perjudicados por la modificación del impuesto. También el PSOE presentó dos enmiendas, defendidas por el diputado socialista Jordi Sevilla, para que la supresión del IAE se realice «previo acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)» y para que las compensaciones garanticen «la autonomía y la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales».
El portavoz de CiU aceptó las enmiendas de los dos grupos mayoritarios y el texto corregido fue aprobado por el Congreso con los votos favorables de todos los grupos.
Según el texto definitivo, el Gobierno habrá de presentar, previa consulta con la FEMP, un proyecto de reforma de la Ley de Haciendas Locales que, con el objeto de crear empleo, prevea la modificación de la actual regulación del IAE para posibilitar una exención del mismo a las pequeñas y medianas empresas y para los trabajadores autónomos.
Se garantizan también «las compensaciones económicas necesarias para las Corporaciones Locales, al objeto de evitar que la modificación del IAE suponga ningún perjuicio para dichas haciendas territoriales y con la finalidad de garantizar, en su actual nivel, la autonomía y suficiencia financiera de las Corporaciones Locales».
Tras la votación, el portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trías, dijo confiar en que la reforma del IAE tenga efectos desde enero del año 2002 y advirtió de que, si el Gobierno no cumple su promesa, los nacionalistas catalanes volverán a presentar otra iniciativa parlamentaria.
Por otra parte, el nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, aseguró ayer, en su toma de posesión, que hay margen para proceder a una rebaja de las cotizaciones sociales. A lo largo de esta legislatura, el secretario de Estado de Seguridad Social pondrá en marcha una serie de actuaciones, entre las que estará una más que probable rebaja de cotizaciones sociales.
Camps fue portavoz parlamentario del PP en materia de protección social y ponente de este partido en la Comisión no Permanente encargada de renovar el Pacto de Toledo.    

La separación de fuentes, prioritaria

El nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, anunció ayer que la pretensión prioritaria del Gobierno es finalizar la separación de fuentes de la Seguridad Social y clarificar si los 615.000 millones de pesetas de complementos a mínimos que actualmente se pagan con cargo a las cotizaciones tienen o no que depender directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Según Camps, es «indispensable» que se delimite con claridad dónde se carga este gasto, para que la Seguridad Social conozca con exactitud el superávit que puede destinar a abordar otras medidas, que también se llevarán cabo en breve, como la rebaja de cotizaciones sociales y una mayor dotación del fondo de reserva de las pensiones. Camps denominó al Pacto de Toledo como «uno de los mayores activos de la democracia».

Fuente: S.E.F. / Madrid / Diario La Razón (año 2000)

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jomarto3 Autor

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